Cristin Smith, de 35 años, trabaja en la cocina del restaurante Delancey Street con otros reclusos en la prisión estatal de California, Solano en Vacaville. Fotos: Florence Middleton

A través de muchas puertas de metal, a través de un patio de ejercicios, más allá de vallas ciclónicas coronadas con alambre de púas rizado, al final de una hilera de almacenes abandonados en la prisión estatal de California Solano, hay una vista incongruente: un restaurante. 

Los cocineros son hombres que cumplen condenas por asesinato y delitos relacionados con drogas y pandillas. Construyeron el restaurante y luego aprendieron a cortar jalapeños no de graduados de la escuela culinaria sino de miembros de la Fundación Delancey Street, un programa residencial de autoayuda para ex adictos, alcohólicos y convictos que ha funcionado en San Francisco durante más de medio siglo. Instalaciones más pequeñas de Delancey Street funcionan en Los Ángeles, Nuevo México, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York y Massachusetts.

Gov. Gavin Newsom ordered state agencies to remove homeless camps throughout California, his first major show of force since the Supreme Court granted state and local authorities more power to clear encampments.

Newsom’s executive order mandates that state agencies and departments adopt policies to clear camps on state property. It also encourages local governments to do the same.

Un mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara una ofensiva contra los campamentos para personas sin hogar, Newsom está haciendo un llamado a la acción en todo el estado.

El gobernador Gavin Newsom ha ordenado a las agencias estatales que eliminen los campamentos para personas sin hogar en todo California, su primera gran demostración de fuerza desde que la Corte Suprema otorgó a las autoridades estatales y locales más poder para despejar los campamentos.

La orden ejecutiva de Newsom exige que las agencias y departamentos estatales adopten políticas para despejar los campamentos en propiedad estatal. También alienta a los gobiernos locales a hacer lo mismo.

They worked nearly three triple-digit days before it felt unsafe to go on.

Maria Paredes said she already had a headache while working in a tomato field near Dixon on June 5, when high temperatures hit between 99 to 107 degrees. The hotter the next day got, the 40-year-old farmworker said, “the more it started to go back to my head, and I started to feel like vomiting.”

Seeing other workers feeling ill, Paredes and five coworkers said they got their forewoman’s permission to go home early on June 6, during one of the first heat waves this year.