El mandato judicial antipandillas propuesto en el Norte de Oakland es congruente con el llamado del Presidente Obama para actuar con inteligencia contra el crimen, en vez de sólo actuar estrictamente contra el crimen.

La prohibición está basada en lo que muchos habitantes y comerciantes del Norte de Oakland han estado exigiendo. Es una herramienta exhaustivamente diseñada para desmantelar las organizaciones

Como una orden de restricción en contra de un acosador abusivo, el mandato judicial es una orden judicial civil. Dentro de un área de 100 cuadras, restringirá a un pequeño grupo de adultos que están sumamente involucrados en actividades peligrosas. De ninguna manera pone en peligro las libertades civiles de nadie más en nuestra comunidad. Por el contrario, protege a los habitantes de la comunidad de la intimidación y la violencia.

Los opositores han estado protestando en contra de un mandato judicial que no existe — uno que “criminaliza a la juventud” y “señala a la gente de color”. Un líder de la oposición, habitante de Santa Rosa, declaró para The Chronicle que el mandato judicial haría del Norte de Oakland un “campo de concentración”. Su declaración no sólo es ofensiva en muchos niveles, sino que muestra una grave ignorancia de los hechos.

Veamos la diferencia entre el mito y la realidad de este mandato judicial.

MITO: Es demasiado amplio y va a restringir a personas inocentes.

REALIDAD: La orden propuesta inicialmente se aplicaría a 15 adultos (nunca se incluirán menores) con base en sus sentencias por asalto a mano armada, robo de automóviles con violencia, hurto mayor, venta de narcóticos y otros delitos graves. Con excepción de actividades como el trabajo y emergencias, la orden podría prohibirles salir juntos en público y estar en la calle entre las 10 pm y las 5 am.

Cuando los miembros de una pandilla son sorprendidos en flagrancia (o cuando son víctimas de violencia de otros delincuentes) generalmente están juntos y frecuentemente es durante altas horas de la noche. El mandato judicial está diseñado para desmantelar la organización criminal al hacerles más difícil planear y cometer delitos como pandilla. No se aplicará a nadie más fuera de este grupo.

MITO: Es inconstitucional.

REALIDAD: La Suprema Corte de California sustentó las órdenes judiciales como constitucionales hace años. Las garantías constitucionales — el debido proceso, el recurso de revisión, el derecho a la apelación — están cuidadosamente protegidas. Aún más importante, todos aquellos que ya no estén relacionados con la pandilla pueden empezar un trámite de “exclusión voluntaria” para ser excluido del mandato.

MITO: La policía puede incluir a cualquier persona en el mandato judicial por cualquier razón.

REALIDAD: Todos los miembros de pandillas agregados a la orden tendrán la oportunidad de defender su caso en un juzgado abierto y será incluido en ésta sólo hasta que haya sido aprobado por un juez con base en las amplias pruebas de su conducta criminal/alteración del orden público. La carga de la prueba siempre será, como debe de ser, a cargo de la ciudad. Esto definitivamente impide la clasificación por perfiles.

Este mandato judicial empoderará a los habitantes, nos ayudará a recuperar nuestras calles y reducir el número de balas ferozmente disparadas en nuestros vecindarios. Además, defiende el derecho que la comunidad tiene a gozar de paz y seguridad, mientras salvaguarda los derechos legales que son fundamentales para nuestro sistema de justicia.

Ésta es una oportunidad de cambiar nuestro vecindario y, quizá, obligar a algunos miembros de pandillas a cambiar — y salvar — también su propia vida.

John Russo es el procurador de justicia de Oakland. Anthony Batts es el jefe de policía de Oakland.